miércoles, 28 de octubre de 2026

¿Debe el papa León XIV inaugurar o bendecir el monumento erigido en su honor?

Prudencia pastoral, silencio institucional y transparencia pública ante la monumentalización de su imagen en Chucuito 

Juan Manuel Dávila Herrera 
Director de Callao Centro Histórico Licenciado en Turismo · Magíster en Gestión Cultural y Natural · Gestor Cultural e investigador Callao, Perú · 
26 de octubre de 2026 (ORCID: 0000-0002-6435-3433)



Introducción

El proyecto de instalar en el parque del Niño “Gaelito”, en el barrio de Chucuito, una escultura monumental de aproximadamente 14 metros dedicada al papa León XIV plantea preguntas que exceden el gusto estético o la oportunidad de un homenaje. Interpela la prudencia pastoral de la Iglesia, la relación entre fe y representación pública, la transparencia de las decisiones municipales y el cuidado del paisaje urbano del Callao. La discusión debe sostenerse sobre documentos verificables y distinguir entre hechos acreditados, interpretaciones y cuestiones que todavía requieren información oficial.

El Acuerdo de Concejo N.° 104-2026-AC/MPC, fechado el 2 de septiembre de 2026, registra la aceptación por la Municipalidad Provincial del Callao de una donación de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S. A. para financiar la ejecución e instalación de una estatua conmemorativa del pontífice, valorizada en S/ 240 720 (Municipalidad Provincial del Callao, 2026a). El documento también menciona una solicitud para evaluar la autorización de paneles publicitarios institucionales en la vía pública. Esta coincidencia documental merece transparencia y explicación, pero por sí sola no demuestra que la donación estuviera condicionada a una contraprestación publicitaria.



Fuente: https://www.facebook.com/share/r/1JETBrqUe5/

Trabajos de construcción del monumento del papa León XIV
Fuente: Municipalidad del Callao
https://www.facebook.com/municallao/videos/el-callao-se-prepara-con-orgullo-para-recibir-al-papa-le%C3%B3n-xivseguimos-alist%C3%A1nd/1659281939084087/


1. La cuestión central: ¿sería prudente que el Papa bendijera su propia imagen monumental?

El canon 1187 del Código de Derecho Canónico establece que solo pueden recibir culto público de veneración los siervos de Dios incluidos por la autoridad de la Iglesia en el catálogo de los santos o beatos (Iglesia católica, 1983, c. 1187). Esa disposición regula el culto público de veneración; no establece, por sí sola, una prohibición general de erigir una estatua de una persona viva ni demuestra que toda bendición de una obra que la represente esté prohibida. Por rigor, no corresponde presentar el canon como una prohibición directa de que el Papa visite o bendiga un monumento dedicado a sí mismo.

La pregunta más sólida es pastoral y ética: ¿sería conveniente que el pontífice participara en una ceremonia cuyo centro simbólico fuese una imagen monumental erigida en su propio honor? El Evangelio sitúa el servicio por encima de la búsqueda de preeminencia y enseña que quien quiera ser grande debe hacerse servidor (Biblia, Mateo 23:11–12). Aplicado a este caso, ese pasaje no funciona como norma canónica específica, sino como criterio de discernimiento sobre el significado público de la ceremonia. La prudencia aconseja que una visita papal privilegie el encuentro con las personas, la atención a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y el mensaje pastoral, en lugar de convertir la presencia del pontífice en una validación simbólica de su propia efigie.

Por tanto, la posición que aquí se plantea no es que exista una prohibición jurídica ya demostrada, sino que la participación del Papa en la inauguración o bendición de la estatua podría resultar pastoralmente poco conveniente. La decisión dependerá de la Santa Sede y de la organización oficial del viaje; no debe atribuirse de antemano una decisión ni una intención a las autoridades eclesiásticas.

2. El silencio público de la Iglesia: prudencia al interpretar lo que no se ha dicho

En las fuentes públicas consultadas para preparar este artículo no se localizó un pronunciamiento específico de la Diócesis del Callao, de la Conferencia Episcopal Peruana o de la Nunciatura Apostólica sobre la estatua y la eventual participación del Papa en su inauguración. Esta observación describe el resultado de una búsqueda documental acotada a la fecha de revisión; no prueba que no existan comunicaciones privadas, declaraciones no indexadas o decisiones internas.

La ausencia de una declaración pública no puede interpretarse automáticamente como aprobación, rechazo ni como una estrategia diplomática deliberada. Sin embargo, cuando una obra de gran escala se presenta como homenaje al pontífice, una aclaración institucional —si las autoridades eclesiales consideran oportuno emitirla— podría ayudar a evitar que la ciudadanía confunda una iniciativa municipal con una actividad oficial de la Iglesia. Hasta que exista una declaración verificable, lo responsable es no atribuir respaldo o desaprobación a la jerarquía eclesiástica.

3. Una donación de S/ 240 720: el homenaje y sus prioridades sociales

El Acuerdo de Concejo N.° 104-2026-AC/MPC señala que Caja Huancayo financiaría la ejecución e instalación de la estatua por S/ 240 720, monto que la Municipalidad Provincial del Callao aceptó mediante acuerdo de concejo (Municipalidad Provincial del Callao, 2026a). La cifra permite formular una pregunta legítima de interés público: ¿qué beneficios culturales, sociales o comunitarios se esperan de esta inversión y cómo se evaluará su aporte a la población?

Cuestionar prioridades no equivale a negar el valor de la fe ni el derecho de una comunidad a expresar su devoción. Se trata de preguntar si un homenaje monumental constituye la forma más adecuada de expresar esos valores, y si la misma iniciativa podría acompañarse de acciones de servicio social, conservación patrimonial, acceso a la cultura o atención a personas vulnerables. Esta es una valoración cívica y ética, no una afirmación sobre la legalidad del gasto, dado que el acuerdo identifica una donación privada y no acredita por sí solo el uso de recursos presupuestales municipales.

4. Municipalidad y Caja Huancayo: transparencia sobre los paneles publicitarios

El acuerdo municipal hace referencia al Informe Legal N.° 215-2026-MPC/OGAJ, según el cual la solicitud para evaluar la autorización de paneles publicitarios institucionales en la vía pública debía tramitarse conforme a los requisitos y procedimientos administrativos correspondientes (Municipalidad Provincial del Callao, 2026a). El documento disponible no acredita que esa autorización haya sido concedida ni demuestra que la donación y la solicitud publicitaria formen parte de un intercambio condicionado.

Precisamente por ello, el asunto requiere transparencia. Sería pertinente que la municipalidad publique o facilite el expediente completo de la donación, los términos aceptados, el informe legal íntegro, la solicitud de paneles y cualquier resolución posterior que haya decidido sobre ella. También corresponde distinguir entre el acuerdo que acepta la donación y los procedimientos independientes que pudieran regir la publicidad en espacios públicos. La Ley Orgánica de Municipalidades establece el marco de competencias y actuación de los gobiernos locales (Congreso de la República del Perú, 2003); su cita, sin revisar el expediente administrativo completo, no permite concluir que se haya producido una infracción.

La Santa Sede difundió en 2017 un comunicado sobre la tutela de la imagen del Santo Padre y de los emblemas oficiales (Segreteria di Stato, 2017). Ese documento es una fuente primaria útil para contextualizar que la imagen papal es objeto de protección institucional. No obstante, no debe citarse como si estableciera, sin análisis adicional, una prohibición específica aplicable a esta estatua o como prueba de que el proyecto incurre en una infracción vaticana. Para sostener una conclusión de esa naturaleza haría falta identificar una norma concreta, su ámbito de aplicación y los hechos que permitirían aplicarla.


Acuerdo de Concejo N° 104-2026-AC/MPC publicado el 02 de setiembre.
Fuente: Municipalidad Provincial del Callao.

5. Chucuito y el paisaje histórico: una evaluación que no puede darse por concluida

La escala de una escultura de aproximadamente 14 metros en el entorno de Chucuito suscita una cuestión de integración urbana: su volumen, visibilidad y relación con el paisaje costero deben evaluarse con información técnica, cartográfica y administrativa. La encíclica Laudato si’ reconoce que el patrimonio histórico, artístico y cultural forma parte de la identidad de los lugares y propone atender a las culturas locales y a la participación de sus habitantes (Francisco, 2015, párrs. 143–144). Este planteamiento ofrece un marco ético y cultural; no reemplaza la evaluación jurídica ni constituye por sí solo una norma urbanística directamente aplicable.

La Ley N.° 28296 establece el marco general de protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Congreso de la República del Perú, 2004), y la Norma Técnica A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones se refiere a los bienes culturales inmuebles, conforme a la modificación aprobada en 2021 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021). Sin embargo, la aplicación concreta de esas disposiciones exige determinar la delimitación oficial de la zona monumental, la ubicación exacta del proyecto, su eventual área de influencia, las autorizaciones emitidas y los informes técnicos pertinentes. Con la documentación revisada no corresponde afirmar categóricamente que la obra vulnera una zona de amortiguamiento, una línea de vista protegida o una prohibición patrimonial específica.

Este debate recuerda, en otro contexto, el retiro del busto del padre Pedro Touvat durante la remodelación de la Plaza Matriz, situada dentro de la Zona Monumental del Callao. La intervención y la posterior recuperación patrimonial del busto plantearon preguntas sobre la valoración de la memoria histórica local. El caso de Chucuito es distinto: la escultura de León XIV se encuentra en el borde inmediato de la zona monumental, a pocas cuadras del Centro Histórico, y su escala —aproximadamente 14 metros—, su ubicación frente al mar y su relación visual con el tejido urbano de baja altura justifican examinar su impacto en el paisaje cultural, aunque el emplazamiento no esté incluido formalmente en el polígono protegido. La falta de una delimitación específica de zona de amortiguamiento no elimina la pertinencia de esa evaluación paisajística. Este paralelo no pretende equiparar jurídicamente ambas intervenciones; deja planteada una cuestión sobre la coherencia de los criterios de gestión patrimonial que merece un análisis propio en una próxima publicación.

Del mismo modo, no se afirma aquí que la obra incumpla normas de seguridad costera ni que se hayan omitido evaluaciones de riesgo: tales conclusiones requieren informes de las autoridades competentes y el expediente técnico. La escala y localización justifican solicitar información pública, no sustituirla por inferencias.

6. La visita al asilo y la comunicación municipal: una pregunta ciudadana

El registro audiovisual difundido por la Municipalidad Provincial del Callao y compartido para este análisis reúne imágenes de los trabajos vinculados a la escultura monumental y de labores de mejoramiento en un establecimiento donde residen personas mayores. También presenta escenas de trabajadores, espacios interiores y residentes, dentro de una pieza de comunicación institucional identificada con la Municipalidad. La lectura que sigue se limita a lo que las imágenes permiten observar; no atribuye al video declaraciones textuales que no hayan sido transcritas ni verificadas.

La visita anunciada del papa León XIV a un asilo de ancianos convierte la atención a las personas mayores en un asunto especialmente visible en la agenda pública chalaca. Que se realicen mejoras en el lugar es, en principio, positivo: toda intervención que contribuya a condiciones más dignas para sus residentes merece ser valorada. Pero la coyuntura también invita a una pregunta sencilla y legítima: ¿por qué ahora?

La pregunta no constituye una acusación ni supone que las obras sean improcedentes. Busca conocer si las necesidades del establecimiento eran conocidas con anterioridad, si se habían solicitado o programado mejoras, cuándo se decidió ejecutarlas, con qué recursos y qué mecanismos asegurarán su continuidad una vez concluida la visita. El video, por sí solo, no permite responder esas cuestiones; precisamente por eso, la transparencia sobre los antecedentes y la sostenibilidad de las intervenciones resulta relevante.

La publicación municipal también puede funcionar como una pieza de marketing institucional: selecciona imágenes, ordena visualmente los avances y asocia la actividad de la gestión con un acontecimiento de gran atención pública. Es legítimo que una municipalidad informe sobre sus obras. Al mismo tiempo, en una coyuntura de alto valor simbólico y mediático, es razonable que la ciudadanía se pregunte dónde termina la información sobre una intervención y dónde comienza la oportunidad de posicionamiento político de una gestión. La existencia de fotografías, videos o presencia de autoridades no demuestra por sí misma una utilización política indebida; tampoco exime de examinar el contenido, el momento y el propósito de la comunicación.

El punto de fondo es que las mejoras destinadas a las personas mayores deben tener valor propio, independientemente de la visita papal o de la visibilidad que puedan proporcionar a las autoridades. Si las obras responden a necesidades permanentes, sería importante conocer cómo se mantendrán, qué beneficios concretos recibirán los residentes y si existen compromisos verificables para que la atención no se limite a los días previos al acontecimiento.

El video refuerza así el debate público, no como prueba de una intención oculta, sino como material que permite observar cómo se presentan simultáneamente una obra monumental y trabajos en un espacio de cuidado. La pregunta que queda abierta para la población es doble: ¿por qué estas mejoras se hacen visibles precisamente ahora y qué garantías existen de que continuarán después? Y, ante la comunicación institucional que acompaña la coyuntura, ¿cómo puede distinguirse la información sobre obras de la promoción de la gestión? Plantearlas es ejercer vigilancia ciudadana, no formular una acusación.


Video producido por la Municipalidad del Callao anunciando el avance de la construcción del monumento y obras en asilo de anciano chalaco.
Fuente: https://www.facebook.com/municallao/videos/el-callao-se-prepara-con-orgullo-para-recibir-al-papa-le%C3%B3n-xivseguimos-alist%C3%A1nd/1659281939084087/

Conclusión: ¿un monumento para el Papa o una obra al servicio de la comunidad?

La estatua de León XIV en Chucuito abre un debate que debe abordarse sin confundir doctrina canónica, prudencia pastoral, responsabilidad municipal y protección patrimonial. El canon 1187 regula el culto público de veneración a santos y beatos, pero no demuestra una prohibición general de erigir o bendecir una estatua de una persona viva. La cuestión pastoral sigue siendo si una ceremonia centrada en la monumentalización del propio pontífice sería la expresión más coherente con valores de humildad, servicio y encuentro humano.

El acuerdo municipal acredita una donación de S/ 240 720 y menciona una solicitud relativa a paneles publicitarios, pero no demuestra un canje ni que la autorización publicitaria se haya otorgado. Del mismo modo, el video institucional muestra imágenes de avances de la escultura y trabajos de mejoramiento en un establecimiento de atención a personas mayores, pero no basta para establecer cuándo se decidieron esas obras, sus fuentes de financiamiento ni las motivaciones de la comunicación municipal. Esas preguntas requieren información pública y no deben convertirse en acusaciones anticipadas.

La pregunta « ¿por qué ahora?» no cuestiona el valor de mejorar el asilo: invita a conocer los antecedentes, la planificación y la continuidad de las mejoras. En un contexto de alta visibilidad, también corresponde que la ciudadanía examine críticamente cómo se comunican las acciones públicas y si la atención mediática se traduce en beneficios duraderos. El homenaje más significativo al Papa quizá no sea la altura de una estatua ni la imagen que obtengan las autoridades, sino el servicio concreto y sostenido a las personas, el cuidado del patrimonio y los resultados verificables para la comunidad chalaca.


Referencias

Biblia. (s. f.). Evangelio según san Mateo, 23:11–12. Bible Gateway. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2023%3A11-12&version=RVR1960

Congreso de la República del Perú. (2003, 27 de mayo). Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/229447-27972

Congreso de la República del Perú. (2004, 22 de julio). Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. https://leyes.congreso.gob.pe/DetLeyNume_1p.aspx?xNorma=6&xNumero=28296&xTipoNorma=0

Francisco. (2015, 24 de mayo). Carta encíclica Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Iglesia católica. (1983). Código de Derecho Canónico (cánones 1186–1190). La Santa Sede. https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1186-1190_sp.html

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2021, 1 de julio). Resolución Ministerial N.° 185-2021-VIVIENDA: Modifican la denominación y contenido de la Norma Técnica A.140, Bienes Culturales Inmuebles. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/1998998-185-2021-vivienda

Municipalidad Provincial del Callao. (2026a, 2 de septiembre). Acuerdo de Concejo N.° 104-2026-AC/MPC: Aceptación de la donación ofrecida por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S. A. para la ejecución e instalación de una estatua conmemorativa del papa León XIV [Documento municipal proporcionado por el autor].

Municipalidad Provincial del Callao. (2026b, 2 de septiembre). Sesión ordinaria del Concejo Provincial del Callao [Registro audiovisual]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=D61IIJhujb4

Segreteria di Stato. (2017, 22 febbraio). Comunicato sulla tutela dell’immagine del Santo Padre e degli stemmi ufficiali. Sala Stampa della Santa Sede. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/22/0113/00280.html

Municipalidad Provincial del Callao. (2026, octubre). Registro audiovisual institucional sobre los avances de la escultura y trabajos de mejoramiento en un establecimiento de atención a personas mayores [Video]. YouTube. https://youtu.be/4qqIuJ7kYzk




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Dávila Herrera, Juan Manuel. (2026, octubre 28). ¿Debe el papa León XIV inaugurar o bendecir el monumento erigido en su honor?. Callao Centro Histórico. https://www.callaocentrohistorico.com/2026/10/debe-el-papa-leon-xiv-inaugurar-o.html

jueves, 1 de octubre de 2026

EL CANON ADUANERO DEL CALLAO: 132 AÑOS DE HISTORIA, MEMORIA Y TERRITORIO.

De Ernesto Casanave a la Participación en Rentas de Aduanas: por qué el debate de 2026 no puede reducirse a una disputa por porcentajes.

Juan Manuel Dávila Herrera

 Licenciado en Turismo · Magíster en Gestión Cultural y Natural · Gestor Cultural e investigador 
Callao, Perú · 1 de octubre de 2026
 (ORCID: 0000-0002-6435-3433)



Foto: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

Resumen

Este artículo reconstruye, desde una perspectiva histórico-documental y jurídico-institucional, la evolución de la denominada renta o canon aduanero del Callao, actualmente regulada mediante el régimen de Participación en Rentas de Aduanas (PRA). Se revisan sus principales antecedentes desde 1894, la experiencia de 1949 y la Junta de Obras Públicas del Callao, la interrupción de 1969, la Ley N.º 24017 de 1984-1985 y la posterior Ley N.º 27613, así como el régimen especial establecido para el Callao por la legislación de descentralización. El estudio sitúa este proceso en el contexto del Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD, promovido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que propone incorporar a Lima Metropolitana en la participación de las rentas de aduanas y contempla un 2 % adicional sobre las rentas generadas por las aduanas de la provincia del Callao. Se examinan también los argumentos institucionales de la MML, el planteamiento urbano-territorial del arquitecto Bryan Castillo Dávila y una declaración pública de César Pérez de 2024 relativa al incremento de la participación del Callao. El artículo sostiene que la discusión actual debe abordarse desde la historia, la distribución de competencias, la transparencia fiscal y la memoria territorial, evitando reducir el debate a una confrontación coyuntural entre Lima y Callao.

Palabras clave: Callao; renta aduanera; canon aduanero; Participación en Rentas de Aduanas; descentralización; puerto del Callao; Lima Metropolitana; territorio; memoria histórica.

1. Introducción y enfoque metodológico

La discusión contemporánea sobre la Participación en Rentas de Aduanas del Callao suele aparecer reducida a porcentajes y transferencias presupuestarias. Sin embargo, su formación es el resultado de una trayectoria normativa de más de un siglo. El propósito de este artículo es reconstruir esa trayectoria y aportar elementos para comprender por qué la modificación del régimen en 2026 requiere una discusión pública informada.

El estudio emplea una metodología cualitativa de revisión documental. Se contrastan normas legales, documentos legislativos, documentación institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Regional del Callao, una publicación institucional de carácter histórico, documentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y testimonios públicos proporcionados para esta investigación. Cuando una afirmación corresponde a la interpretación de un actor político o social, se presenta como tal y no como un hecho demostrado.

Esta precisión resulta especialmente relevante en el análisis del Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD. El texto propone un 2 % adicional para la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no establece literalmente que se descuente 2 puntos porcentuales del porcentaje que corresponde al Callao. Por ello, el efecto financiero exacto debe determinarse a partir de la interacción entre la propuesta y el régimen vigente, y no mediante una afirmación simplificada.

2. Antes de hablar de porcentajes hay que hablar de historia

En el debate contemporáneo se utiliza con frecuencia la expresión “canon aduanero”. Jurídicamente, el régimen actual se denomina Participación en Rentas de Aduanas (PRA). Sin embargo, la expresión “canon aduanero” posee una tradición histórica en el Callao y continúa identificando la relación entre la actividad aduanera y los recursos destinados al territorio.

Uno de los antecedentes se remonta a 1894. En 2014, la Municipalidad del Callao realizó un homenaje a Ernesto Casanave Cases al cumplirse 120 años de la aprobación de la denominada Ley del Canon Aduanero, fechada el 6 de noviembre de 1894. La nota hemerográfica presentó a Casanave como diputado por el Callao y autor de aquella norma, destacando su importancia histórica para el desarrollo de la provincia (El Reportero Vecinal, 2014).

La documentación histórica posterior recoge que aquella legislación contemplaba una participación del 1 % de las rentas aduaneras, aunque no tuvo una aplicación efectiva sostenida y fue posteriormente derogada. Por ello, no corresponde presentarla como un régimen ininterrumpido durante todo el siglo XX. Su importancia reside en constituir uno de los primeros antecedentes de la idea de vincular parte de los recursos producidos por la actividad aduanera con el territorio relacionado con ella.

3. 1949: Cuando la renta aduanera se convirtió en obras

En 1949 se promulgó el Decreto Ley N.º 11008, que estableció un derecho adicional de 1 % ad valorem sobre las importaciones efectuadas por la Aduana del Callao y destinó esos recursos a obras públicas en la provincia. La norma estuvo vinculada a la creación de la Junta de Obras Públicas del Callao (JOPC).

La experiencia adquirió una dimensión concreta. La documentación histórica del Congreso y la Enciclopedia General del Callao registran que los recursos se orientaron a programas de saneamiento, agua y desagüe, pavimentación, vivienda y otras obras de infraestructura. La Enciclopedia General del Callao recoge, entre otros, trabajos de pavimentación de vías, unidades habitacionales, el Hospital San Juan de Dios, rompeolas y campos deportivos (Gobierno Regional del Callao, 2021).

Esta experiencia permite comprender una de las razones de la sensibilidad chalaca frente a la renta aduanera: en determinados períodos, la relación entre aduanas y territorio no fue únicamente una fórmula presupuestaria, sino una fuente de financiamiento para infraestructura concreta.

4. 1969: la interrupción de una relación histórica

En 1969, mediante el Decreto Ley N.º 17847, se eliminó la asignación vinculada al Decreto Ley N.º 11008 y se reorganizó el marco institucional de las obras públicas del Callao. La Enciclopedia General del Callao registra este hecho como el cierre de aquella etapa de financiamiento asociado a la renta aduanera (Gobierno Regional del Callao, 2021).

La historia, por tanto, no es lineal. El régimen ha atravesado períodos de reconocimiento, expansión, interrupción y recuperación. Esa trayectoria resulta indispensable para comprender por qué las modificaciones contemporáneas no pueden analizarse como si comenzaran desde cero.

5. 1984–1985: El retorno de la participación del Callao

En la década de 1980 reapareció la demanda por una participación del Callao en las rentas producidas por las aduanas. El resultado fue la Ley N.º 24017, promulgada en enero de 1985, que reconoció una asignación equivalente al 2 % de las rentas recaudadas por las aduanas marítima, aérea y postal ubicadas en la provincia.

La documentación legislativa posterior identifica a la Ley N.º 24017 como uno de los antecedentes directos del régimen contemporáneo de participación en rentas de aduanas. El dato es importante: el porcentaje del 2 % no surgió como una concesión coyuntural del siglo XXI, sino como resultado de una nueva etapa de reconocimiento legislativo de la relación entre actividad aduanera y territorio chalaco.

6. 2001: Nace la Participación en Rentas de Aduanas

En 2001 se aprobó la Ley N.º 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas. La norma estableció un régimen general para las provincias y distritos donde funcionan aduanas y reconoció la PRA como recurso destinado a beneficiar el desarrollo de las jurisdicciones correspondientes.

En el caso particular del Callao se configuró un tratamiento especial. La legislación de descentralización estableció un Fondo Educativo y una distribución específica de la PRA dentro de la Provincia Constitucional. Posteriormente, la Ley N.º 28543 consolidó el esquema según el cual, deducido el 10 % destinado al Fondo Educativo, el saldo se distribuye 50 % para el Gobierno Regional del Callao y 50 % proporcionalmente entre las municipalidades de la jurisdicción (Ministerio de Economía y Finanzas, s. f.).

La estructura actual no puede describirse simplemente como “dinero de las aduanas para el Callao”. Es un sistema jurídico de distribución territorial que involucra al Gobierno Regional, a las municipalidades y al Fondo Educativo.

7. El régimen actual: 2025–2026

El marco actual fue desarrollado mediante el Decreto Supremo N.º 104-2025-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley N.º 27613 y estableció el procedimiento y la metodología para la distribución de la PRA. Para 2026, la Resolución Ministerial N.º 056-2026-EF/50 aprobó los índices de distribución correspondientes al 3 % de la PRA, incluyendo un anexo específico para la Provincia Constitucional del Callao.

El régimen vigente, por tanto, no debe explicarse simplemente afirmando que “Callao recibe 2 %”. La legislación posterior modificó el marco y estableció un mínimo de 3 % para las jurisdicciones comprendidas por la actividad aduanera, con un tratamiento especial para el Callao. Esta precisión es fundamental para evitar confusiones en el debate público.

8. El Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD

En este contexto debe analizarse el Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD, denominado “Ley que modifica la Ley 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas y la Ley de Tributación Municipal”. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima mediante Acuerdo de Concejo N.º 358, de 13 de octubre de 2025, y remitida al Congreso el 15 de octubre de 2025. En agosto de 2026, la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana recomendó reimpulsarla ante el nuevo escenario legislativo (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2026).

El argumento institucional de Lima es explícito: la Municipalidad sostiene que el transporte de carga pesada vinculado al Puerto del Callao y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez utiliza vías metropolitanas, genera impactos y deterioro sobre infraestructura de competencia municipal y requiere una fuente adicional de recursos para mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento vial.

La propuesta contempla incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima en la participación de las rentas de aduanas y, para el caso de la provincia del Callao, establece un 2 % adicional de las rentas recaudadas en las aduanas marítima, aérea, postal y terrestre, con destino al mantenimiento y ampliación de infraestructura vial.

Una propuesta que genera cuestionamientos y pone sobre la mesa el papel de los candidatos
 a gobernador y alcaldes.
 

9. Una precisión necesaria: no equivale literalmente a “quitarle 2 % al Callao”

Una lectura responsable del proyecto exige evitar una simplificación frecuente. El texto utiliza la expresión “2 % adicional” y no establece literalmente que se resten dos puntos porcentuales del porcentaje que actualmente integra la PRA del Callao.

Por ello, el efecto financiero final debe modelarse jurídicamente: debe determinarse cuál es la base de cálculo, cómo interactúa el nuevo 2 % con la PRA vigente y cuál sería el monto que quedaría disponible para cada beneficiario. Afirmar que el Callao “perderá 2 %” sin realizar ese ejercicio sería jurídicamente impreciso.

Esto no elimina la relevancia del proyecto. Por el contrario, obliga a que el Congreso y las entidades involucradas expliquen con números claros cuál será el efecto sobre los recursos de la Provincia Constitucional del Callao.

10. Más allá del 2 %: la propuesta urbana y territorial de Bryan Castillo Dávila

El arquitecto y urbanista Bryan Castillo Dávila introduce una lectura más amplia del conflicto. En su planteamiento, la controversia no debería reducirse a la distribución de un porcentaje de la renta aduanera, sino examinar también la relación histórica entre Lima y Callao, las competencias territoriales y la responsabilidad pública sobre la infraestructura utilizada por el transporte de carga portuaria (Castillo Dávila, 2026).

En particular, Castillo Dávila cuestiona que el impacto del transporte pesado sobre las vías metropolitanas de Lima deba resolverse mediante una participación adicional de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las rentas generadas por las aduanas del Callao. Como alternativa, propone evaluar si determinadas vías estratégicas utilizadas por el transporte de carga portuaria deberían recibir un tratamiento de infraestructura de alcance nacional, con la participación y responsabilidades que correspondan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Castillo Dávila, 2026).

Esta propuesta desplaza el eje del debate: el problema vial de Lima puede ser analizado como una cuestión de competencias, financiamiento de infraestructura estratégica y responsabilidad pública, y no necesariamente mediante una modificación del régimen de participación territorial en las rentas de aduanas. Se trata de una alternativa que requiere, naturalmente, un estudio jurídico y técnico específico antes de determinar su viabilidad.

Castillo Dávila también sitúa el conflicto dentro de una relación histórica más amplia entre Lima y Callao. Según su interpretación, determinados sectores institucionales, profesionales, académicos y mediáticos vinculados a la capital han contribuido, en distintos momentos, a una relación en la que el Callao aparece subordinado a intereses limeños. Esta afirmación constituye su interpretación del problema y, por tanto, debe distinguirse de los hechos históricos y jurídicos documentados en este artículo. No corresponde atribuir a la sociedad limeña en su conjunto una posición homogénea ni presentar esta interpretación como un hecho demostrado únicamente por el testimonio de un actor (Castillo Dávila, 2026).

11. La memoria política: una declaración pública de 2024

En una declaración pública de 2024, César Pérez sostuvo que la renta aduanera era un recurso utilizado para obras y servicios de la comunidad chalaca y afirmó que, frente a una reducción de ingresos, el Concejo Municipal había aprobado una iniciativa para elevar la participación de 2 % a 5 %. En la misma declaración vinculó la iniciativa con el entonces alcalde Pedro Spadaro.

La pregunta es: ¿Ahora que pertenecen al partido que ha propuesto este proyecto, cual es su posición?
Fuentes: 

https://youtube.com/shorts/N0HEogObLwA?si=fY7lSypPvmNP7O3_


Esta declaración es relevante como antecedente de rendición de cuentas, pero debe distinguirse entre la afirmación pública y el contenido jurídico exacto del expediente municipal. La transcripción proporcionada para esta investigación permite documentar la posición expresada por Pérez; para establecer el alcance formal de aquella iniciativa debe consultarse el acuerdo municipal y su expediente legislativo.

En 2026, frente a una iniciativa que propone una participación adicional de Lima Metropolitana sobre las rentas generadas por las aduanas del Callao, la pregunta democrática es cuál es la posición actual de quienes anteriormente defendieron una mayor participación para el Callao. La respuesta corresponde a los propios actores y debe ser solicitada públicamente, sin atribuirles un cambio de posición que no haya sido demostrado.

12. Cuando la historia entra en campaña electoral

El debate adquiere particular importancia en un contexto electoral. Las elecciones regionales y municipales de 2026 colocan a la ciudadanía chalaca ante la posibilidad de preguntar a quienes aspiran a gobernar la provincia y la región qué posición tienen frente al futuro de la PRA.

Esta cuestión no exige indicar al ciudadano por quién votar. Exige algo más elemental: que los candidatos conozcan, expliquen y hagan pública su posición sobre un recurso que forma parte de la historia fiscal y territorial del Callao.

Las campañas pasan, los partidos cambian y las autoridades son reemplazadas. El territorio, la historia y las consecuencias de las decisiones públicas permanecen. Por eso, la coherencia entre el discurso político y las decisiones sobre los recursos públicos merece ser examinada por la ciudadanía.

13. No se trata de enfrentar al Callao contra Lima: se trata de definir responsabilidades

Reconocer la importancia histórica de la PRA del Callao no implica desconocer los problemas de Lima. El transporte pesado puede generar impactos sobre la infraestructura vial, las vías requieren mantenimiento y el comercio exterior necesita infraestructura. La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene precisamente que esos impactos justifican una participación adicional en las rentas aduaneras; ese argumento debe ser atribuido a la propia MML y examinado junto con las alternativas de financiamiento y distribución de competencias.

El debate relevante es determinar cuál es la fuente de financiamiento adecuada para cada impacto, qué nivel de gobierno tiene la competencia correspondiente y cómo se garantiza que los territorios directamente vinculados con la actividad portuaria conserven capacidad para atender sus propias necesidades. En este punto, el planteamiento de Castillo Dávila introduce una pregunta que merece evaluación: si determinadas vías soportan una carga logística vinculada a una actividad portuaria de alcance nacional, ¿debería examinarse también la responsabilidad del Gobierno nacional sobre esa infraestructura, en lugar de trasladar la discusión directamente al régimen de la PRA? (Castillo Dávila, 2026).

En ese sentido, la discusión no debería reducirse a “Lima o Callao”. Debería ser una discusión sobre descentralización, competencias, infraestructura, política fiscal y responsabilidad pública. Lima y Callao son ciudades estrechamente vinculadas por una realidad metropolitana; esa interdependencia, sin embargo, no determina por sí misma cómo deben distribuirse los recursos ni qué nivel de gobierno debe asumir cada responsabilidad.

14. El Callao no debería discutir solamente un porcentaje

Existe un riesgo en reducir la discusión a 2 %, 3 % o 5 %. El Callao necesita conocer por qué existe la participación, quién la promovió, qué obras fueron históricamente financiadas, qué leyes la crearon y modificaron, cómo funciona actualmente y qué cambios se proponen.

Quien desconoce la historia de un derecho termina discutiendo únicamente su precio. Quien conoce la historia puede discutir también su fundamento.

La discusión sobre la PRA no significa sostener que un porcentaje jamás pueda cambiar. Significa exigir que cualquier modificación sea explicada, cuantificada, jurídicamente sustentada y debatida con participación de los territorios involucrados. También significa examinar si la finalidad invocada para modificar la distribución puede atenderse mediante otras fuentes de financiamiento y mecanismos de responsabilidad pública.

14.1. El verdadero debate no es solamente el 2 %

La pregunta planteada por Castillo Dávila permite ampliar la discusión: si el tránsito de mercancías hacia Lima constituye el fundamento para solicitar una participación adicional en las rentas aduaneras generadas en el Callao, debe analizarse también qué principio de financiamiento se está utilizando y si ese criterio podría trasladarse a otras relaciones territoriales entre zonas productoras, corredores logísticos y la capital (Castillo Dávila, 2026).

No se trata de afirmar que ese criterio necesariamente produzca otras reclamaciones, sino de identificar sus implicancias. Una cosa es reconocer que Lima soporta costos derivados del tránsito de mercancías procedentes del Puerto del Callao y otra determinar cuál es la fuente de financiamiento jurídicamente adecuada para atenderlos. Entre las alternativas que merecen estudio se encuentran los recursos municipales, las transferencias intergubernamentales, el financiamiento nacional de infraestructura estratégica y una eventual revisión de las responsabilidades sobre determinadas vías.

La cuestión central, por tanto, no es solamente cuánto recibe Lima o cuánto conserva el Callao, sino qué relación debe existir entre la fuente que genera el recurso, el territorio donde se recauda, el régimen especial que lo distribuye y la finalidad pública que se pretende financiar.

15. Conclusiones

La historia del canon o renta aduanera del Callao demuestra que la relación entre actividad aduanera y desarrollo territorial posee antecedentes que se remontan al siglo XIX y que ha atravesado distintos regímenes jurídicos. Desde la Ley del Canon Aduanero de 1894 y el régimen de obras de 1949 hasta la Ley N.º 24017, la Ley N.º 27613 y el marco vigente de la PRA, el tema ha sido objeto recurrente de decisiones legislativas y disputas sobre distribución territorial.

El Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD introduce una nueva etapa del debate al proponer una participación adicional para Lima Metropolitana, sustentada por la MML en los impactos del transporte de carga sobre su infraestructura vial. Esa justificación debe ser discutida, pero no debe confundirse con la demostración de que la renta aduanera sea necesariamente la fuente adecuada para resolver ese problema.

La propuesta de Bryan Castillo Dávila introduce una alternativa centrada en competencias, infraestructura estratégica y responsabilidad nacional, lo que amplía el debate más allá de la disputa porcentual. Su interpretación sobre una eventual relación de subordinación entre Lima y Callao debe entenderse como una posición de análisis territorial del autor y no como una conclusión demostrada por este artículo (Castillo Dávila, 2026).

Finalmente, el contexto electoral exige transparencia. La ciudadanía puede preguntar a quienes aspiran a gobernar el Callao cuál es su posición frente al futuro de la PRA, al Proyecto de Ley N.º 00057-2026-2031-CD y a las alternativas para financiar la infraestructura asociada al transporte de carga. La cuestión no es indicar una opción electoral, sino promover que las posiciones sean públicas, verificables y comparables con las decisiones que las autoridades deberán adoptar.

La defensa de la Participación en Rentas de Aduanas debe entenderse, en última instancia, como una defensa del derecho de la ciudadanía chalaca a conocer su historia fiscal, evaluar los efectos de las decisiones públicas y participar informadamente en la definición de su futuro territorial.

16. Reflexión final

El debate de 2026 no debería preguntarnos solamente cuánto dinero recibe el Callao. Debería preguntarnos qué lugar ocupa el Callao en la organización territorial, económica y política del Perú, y cómo deben distribuirse responsabilidades y recursos en una metrópoli formada por territorios estrechamente vinculados.

Esa pregunta no pertenece a una campaña electoral específica. Pertenece a la memoria histórica, al derecho a la información y al ejercicio ciudadano. Conocer la historia de la renta aduanera permite que el debate actual se produzca sobre hechos, normas, responsabilidades y alternativas, y no solamente sobre porcentajes.

Referencias

Congreso de la República del Perú. (2001). Proyecto de ley sobre la modificación de la participación en las rentas de aduanas [Expediente legislativo]. Congreso de la República del Perú.

Congreso de la República del Perú. (2026). Proyecto de Ley N.º 00057/2026-2031-CD: Ley que modifica la Ley 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas y la Ley de Tributación Municipal.

El Reportero Vecinal. (2014, 12 de noviembre). Callao rinde homenaje al autor de la Ley del Canon Aduanero.

Gobierno Regional del Callao. (2021). Enciclopedia General del Callao. Gobierno Regional del Callao.

Ministerio de Economía y Finanzas. (s. f.). Participación en renta de aduana: metodología de distribución. MEF.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Decreto Supremo N.º 104-2025-EF: Reglamento de la Ley N.º 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Resolución Ministerial N.º 056-2026-EF/50: Índices de distribución de los recursos correspondientes al 3 % de la Participación en Rentas de Aduanas para el Año Fiscal 2026.

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2026). Informe N.º D000745-2026-MML-OGAJ: Proyecto de ley que modifica la Ley N.º 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas y la Ley de Tributación Municipal.

Perú. (1949). Decreto Ley N.º 11008.

Perú. (1969). Decreto Ley N.º 17847.

Perú. (1985). Ley N.º 24017.

Perú. (2001). Ley N.º 27613, Ley de la Participación en Renta de Aduanas.

Perú. (2002). Ley N.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Perú. (2005). Ley N.º 28543.

Castillo Dávila, B. (2026). Reflexiones sobre la Participación en Rentas de Aduanas, infraestructura vial y relación Lima–Callao [Documento de opinión proporcionado para esta investigación].

Pérez, C. (2024). Declaración pública sobre la renta aduanera del Callao y propuesta de incremento de la participación al 5 % [Transcripción de video proporcionada para esta investigación].

Nota sobre fuentes y alcance

Las reflexiones de Bryan Castillo Dávila y la declaración de César Pérez se incorporan como fuentes de autor proporcionadas para esta investigación. La fuente de Castillo Dávila se cita en el texto como aporte interpretativo y no sustituye la legislación ni la documentación oficial. Si posteriormente se dispone del título, fecha, medio de publicación o enlace del artículo original de Castillo Dávila, la referencia bibliográfica deberá actualizarse con esos datos. Las afirmaciones institucionales de la Municipalidad Metropolitana de Lima se atribuyen expresamente a sus documentos. El artículo distingue entre hechos normativos, antecedentes históricos, argumentos institucionales e interpretaciones de actores.


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Dávila Herrera, Juan Manuel. (2026, octubre 01). EL CANON ADUANERO DEL CALLAO: 132 AÑOS DE HISTORIA, MEMORIA Y TERRITORIO. Callao Centro Histórico. https://www.callaocentrohistorico.com/2026/10/el-canon-aduanero-del-callao-132-anos.html